Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón: “Al imponer nuevas obligaciones sin considerar las evaluaciones de impacto ambiental previamente superadas, se vulneran principios fundamentales como la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas y la confianza legítima de los inversores”
El Clúster, que ha transmitido al ministerio varias propuestas de modificación del proyecto, denuncia la ausencia de un régimen transitorio, la falta de diferenciación entre instalaciones de nueva construcción y existentes y la aplicación automática de medidas -como la parada o desmantelamiento en parques autorizados- sin un análisis individual de riesgos
El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) ha presentado un documento de alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), en el marco del periodo de información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y para la prevención de la mortalidad en aerogeneradores. En el escrito se expresa una profunda preocupación por el impacto que esta nueva normativa podría tener sobre el desarrollo y continuidad de numerosos proyectos de energías renovables en Aragón. El clúster denuncia que el texto actual del proyecto normativo presenta un enfoque desproporcionado, con importantes carencias técnicas y jurídicas, que podría derivar en la paralización o incluso el desmantelamiento de parques eólicos autorizados y en funcionamiento.
“El sector eólico y eléctrico ya cumple con exigentes normativas ambientales y de protección de la biodiversidad”, señala Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón. “Lo que plantea este Real Decreto, al imponer nuevas obligaciones sin considerar las evaluaciones de impacto ambiental previamente superadas, vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas y la confianza legítima de los inversores”, apunta el presidente del clúster.
Riesgo para la transición energética
Este Real Decreto, tal como está planteado, representa un marco muy exigente en términos ambientales, lo que, aunque tiene un objetivo legítimo (protección de la biodiversidad), podría perjudicar gravemente la viabilidad económica, jurídica y operativa del sector eólico en España. Esto podría traducirse en una ralentización significativa del despliegue de energías renovables, generando impactos negativos para los objetivos de descarbonización y desarrollo económico del país.
Por otro lado, si se aprueba el Real Decreto en estos términos, la repotenciación de parques eólicos antiguos enfrentará mayores barreras técnicas, operativas, económicas y administrativas. El incremento en costes, la posible pérdida de horas de operación y el riesgo de desmantelamiento por razones ambientales podrían afectar significativamente la rentabilidad y viabilidad de los proyectos, poniendo en riesgo no solo la continuidad del parque eólico repotenciado, sino también desalentando futuras inversiones en energías renovables en España.
Compromiso con la biodiversidad
El Clúster de la Energía de Aragón ha subrayado reiteradamente su compromiso con el desarrollo de un modelo energético sostenible, alineado con los objetivos nacionales e internacionales de lucha contra el cambio climático, pero también profundamente respetuoso con la biodiversidad.
En lo que respecta específicamente a la protección de la avifauna, las entidades asociadas al clúster involucradas en proyectos renovables aplican ya estrictos protocolos de evaluación, seguimiento y corrección de impactos ambientales, conforme a las directrices nacionales y europeas vigentes. En la mayoría de los parques eólicos en funcionamiento se desarrollan campañas periódicas de control de mortalidad de fauna, estudios de comportamiento de especies sensibles y programas de mitigación como la instalación de sistemas de parada automática o de detección de fauna voladora. No solo eso: más allá de las obligaciones legales, como ejemplo, el clúster tiene constancia de que en ocho parques ubicados en Aragón se han implantado medidas adicionales de vigilancia y protección valoradas en más de 2,6 millones de euros. Estas inversiones voluntarias y adoptadas con el propósito de medir, analizar y proteger la avifauna también están en riesgo con el proyecto de Real Decreto.
“La protección de las aves y los murciélagos no solo es una obligación legal, sino también una convicción compartida por nuestras empresas. Sabemos que la transición energética debe ir de la mano de la protección del entorno natural, y así lo promovemos activamente”, explica Pedro Machín, presidente del Clúster.
Respecto a la eficacia de las medidas a adoptar propuestas en el proyecto de Real Decreto, si bien reducirá la mortandad de aves y quirópteros, no se pueden cuantificar ni cuántas colisiones se evitarán ni cuándo se podrían producir y, desde luego, no se conseguirá la mortandad “cero” que parece que se busca con la imposición de estas medidas. Nunca se garantizará la eliminación total de las colisiones debido a limitaciones naturales y tecnológicas inherentes, pero se debería fijar un número umbral de colisiones asumibles para cada instalación (se debería indicar en la DIA, Declaración de Impacto Ambiental) y, a partir de esa cifra, se considere la primera colisión como motivo de parada.
Inseguridad jurídica
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de Real Decreto, a juicio del Clúster de la Energía de Aragón, es la aplicación de medidas retroactivas que afectarían a instalaciones ya autorizadas, incluyendo paradas obligatorias o desmantelamientos de aerogeneradores si se detectan determinadas colisiones con fauna, incluso cuando estas ya han sido valoradas como compatibles en sus respectivas declaraciones de impacto ambiental. El Clúster advierte que tales medidas, impuestas sin la correspondiente revisión formal de dichas declaraciones ni el oportuno trámite administrativo, podrían generar un aluvión de reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra la Administración.
Además, Clenar denuncia la ausencia de un régimen transitorio y la falta de diferenciación entre instalaciones de nueva construcción y existentes, así como la aplicación automática de medidas sin un análisis individualizado de riesgos. “La normativa debe basarse en datos científicos y estudios de campo objetivos, no en estimaciones genéricas que no reflejan la realidad de cada emplazamiento”, subraya el Clúster de la Energía de Aragón.
Freno al desarrollo de las energías renovables
En sus alegaciones, el Clúster también pone de relieve la incongruencia de esta propuesta con los objetivos de descarbonización asumidos por España y la Unión Europea. La nueva normativa podría frenar la repotenciación, hibridación y renovación de instalaciones eólicas, afectando directamente al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una meta de 62 GW de potencia eólica instalada en 2030.
“La aprobación de este Real Decreto en sus términos actuales supondría un grave retroceso para la transición energética del país”, afirma Pedro Machín. “Nos alejaría de los objetivos climáticos, aumentaría la inseguridad jurídica de los promotores y podría desincentivar la inversión en tecnologías limpias”.
Propuestas de modificación
El Clúster de la Energía de Aragón propone una batería de modificaciones al texto, entre ellas:
- Separar la regulación de líneas eléctricas y aerogeneradores, dada su distinta naturaleza técnica y ambiental.
- Limitar la aplicación de nuevas medidas a instalaciones futuras, respetando las autorizaciones ya concedidas.
- Establecer protocolos de seguimiento ambiental específicos basados en datos reales y adaptados a cada parque.
- Ajustar los umbrales de siniestralidad para definir cuándo una instalación debe considerarse problemática.
- Introducir mecanismos de revisión de las declaraciones de impacto ambiental cuando sea necesario, pero siempre mediante el procedimiento legal correspondiente.
Finalmente, el Clúster reitera su firme compromiso con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, pero insiste en la necesidad de equilibrar estos objetivos con la garantía de seguridad jurídica, viabilidad económica y estabilidad normativa que el sector energético requiere para seguir avanzando hacia una economía baja en carbono.
