Cumplimiento, compensación territorial y financiación autonómica. O de cómo alcanzar los objetivos país

Artículo de opinión de Jesús Alijarde, presidente de la Comisión de Medioambiente y Sostenibilidad del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar)


El Reglamento UE 2018/1999 de 11 de diciembre de Gobernanza de la Unión de Energía y de la Acción por el Clima establecía la obligación de que, a más tardar 31 de diciembre de 2019, lo estados miembros de la Unión Europea presentaran su propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Estos planes suponen la hoja de ruta de cada Estado Miembro para cumplir los objetivos climáticos marcados por la Unión.

El Gobierno español elaboró el PNIEC de España y -tras una propuesta de mejoras realizada por la Comisión Europea- fue aprobado definitivamente tanto por el Consejo de Ministros como por la propia Comisión. A partir de ese momento se fijaron los objetivos, metas y líneas de actuación con los que alcanzar los objetivos climáticos en 2030.

Simplificando enormemente las medidas planteadas, se persiguen tres grandes líneas de trabajo: eficiencia energética, incremento de generación e integración en el sistema de la energía renovable y electrificación de los sectores más dependientes de los combustibles fósiles (transporte y construcción).

Dicho todo lo anterior, la pregunta que nos debe asaltar es «Y las medidas planteadas por el Gobierno de España, ¿cómo se consiguen?». Esta pregunta no es ociosa: si hacemos una imputación temporal de los objetivos del PNIEC en el periodo 2020-2030 a cada uno de los años para su cumplimiento, vemos que hasta 2022 no estamos llegando.

En este punto debemos recordar que el modelo político y administrativo de España se basa en el Estado de las Autonomías y son estas las que regulan, impulsan o se oponen, en el marco de sus competencias, a la gran mayoría de los aspectos contemplados en las medidas del PNIEC.

Por tanto, si las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de impulsar las medidas para el cumplimiento del objetivo país establecido en el PNIEC en materia de energía y clima, debería existir un despliegue asimétrico de los esfuerzos y medidas por cada Comunidad. Dicho de otro modo, los objetivos país de España deberían desagregarse en objetivos autonómicos teniendo en consideración las características de cada territorio.

Parece razonable exigir más compromiso con los objetivos de energía y clima a aquellas Comunidades con más población, consumo energético, generación de emisiones, producción industrial y superficie que aquellas que tengan una situación de partida menor.

Justo en este punto es donde se encuentra el planteamiento nuclear de la reflexión que se expone en estas líneas y es que si una Comunidad Autónoma está más comprometida -teniendo en consideración una serie de criterios técnicos, aporta más proporción de generación renovable, reducción de consumo energético con respecto a la población o la producción industrial, mejora de la movilidad sostenible y menor consumo final de energía procedente de fuentes de origen no renovable que otras Comunidades- tiene el derecho a que el Estado le transfiera una dotación extra de recursos en detrimento de las Comunidades Autónomas no cumplidoras.

A modo de comparativa con un sistema conocido, lo que se plantea es impulsar un sistema de transferencia de fondos entre Comunidades Autónomas en materia de objetivos energéticos y climáticos similar al sistema de financiación territorial por transferencias de impuestos, con el objetivo de que las Comunidades Autónomas más dubitativas o continuistas no se puedan ver beneficiadas de fondos de la Unión o que sigan disfrutando de las transferencias de impuestos del Estado sin realizar ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio.

Huelga decir que este planteamiento es de extremada dificultad técnica y política. Las características del mismo se podrían abordar a través de la Conferencia de Presidentes e, incluso, constituyendo una mesa interterritorial para la energía y el clima.

El compromiso de Aragón

Con este planteamiento, Aragón tiene mucho que ganar ya que es una de las Comunidades en las que más compromiso existen para cumplir los objetivos climáticos marcados por España y la Unión.

Así mismo, es una de las Comunidades que más rápido va a crecer en materia de producción industrial vinculada a un acercamiento de la gran industria debido al continuo despliegue de energía renovable por el territorio y, por tanto, necesitará de un incremento de fondos provenientes de los impuestos recaudados por el Estado para abordar la situación futura de población, comunicaciones, vivienda y generación de nuevas áreas industriales.

Por último, y tal vez lo más importante, establecer objetivos vinculantes de energía y clima en las Comunidades y que su incumplimiento tuviera consecuencias negativas en cuanto a dotación presupuestaria eliminaría por completo los posicionamientos políticos ideológicos y demagógicos existentes en torno a la transición energética, permitiendo además que los ciudadanos y ciudadanas comprendiésemos la importancia de cumplir con la transición energética en cada uno de nuestros entornos y formas de vivir.

Si el Gobierno de España no impulsa el despliegue de los objetivos de energía y clima para cada Comunidad, el Gobierno de Aragón debería realizar su propio plan de energía y clima con el que aspirar a posicionarse como líder de la transición energética y la sostenibilidad ambiental, económica y social futura en España y Europa. Solo a través de objetivos claros se consigue llegar al destino elegido ya que, como afirmaba Séneca, “no hay viento favorable para quien no sabe dónde va”.